Auto Supremo AS/0904/2019-RRC

Conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, ante la emisión de la Sentencia condenatoria, el imputado conforme se tiene de lo extractado en el acápite II.2 de este Auto Supremo, interpuso recurso de apelación restringida en el que entre otros aspectos reclamó que la Sentencia se basa en una valoración defectuosa de la prueba, ya que, no se habría basado en la sana crítica, en relación a los testigos: a) Hilda Flores Poma, limitándose el Tribunal de mérito a mencionar que era importante porque era la denunciante, no observando que la supuesta víctima sostuvo que su persona una vez recibido el cheque por $us. 5.000 habría procedido a cobrar personalmente en oficinas del BNB, cuando en la prueba documental presentada por el Ministerio Público signada como 11 existe una certificación de que el cheque no fue cobrado por su persona sino fue ingresado por cámara de compensación del Banco Ganadero S.A. y depositado a la caja de ahorro Nº 1052-27913; b) Claudia Flores, asignándole el Tribunal de mérito un valor relevante porque es hija de la supuesta víctima; c) Edgar Reynaldo Enríquez Gálvez, asignando el Tribunal un valor probatorio relevante, incurriendo en una confusión al hacer entender que la víctima era la madre del testigo, pese a ello, el Tribunal no observó que el testigo tuvo una relación con la hija de la víctima; d) Alex Fajardo Quispe investigador asignado al caso, dándole el Tribunal un valor de relevante; empero, contradictoriamente señala que la participación del investigador fue limitada a la toma de la declaración de los testigos de cargo presentados por la supuesta víctima, señalando después que el testigo fue quien realizó la investigación, preguntándose su persona qué investigación, no considerando el Tribunal que el testigo señaló que estuvo casado con la abogada de la víctima que por esa razón fue apartado del caso. Tampoco el Tribunal constató la prueba documental presentada por el Ministerio Público signada como 7 consistente en el informe del asignado al caso Alex Fajardo Quispe en cuyo contenido sostiene que su persona habría cobrado personalmente el cheque, cuando la prueba 11, evidencia lo contrario; e) Willy Beltrán Carrasco dándole el Tribunal el valor de relevante solo a la parte donde señala que fue la persona que recibió el dinero por encargo suyo; empero, no le da valor probatorio a las declaraciones del testigo que deben constar en actas, tampoco consideró que el testigo señalo que el 2014 hizo varias transacciones de venta de mercadería con la supuesta víctima; sin embargo, con la prueba presentada por el Ministerio Público signada con el Nº 14 consistente en una certificación de la Aduana Nacional donde se señala que la víctima no registra que haya importado mercadería el año 2014, no preguntándose el Tribunal cómo ingresó a Bolivia mercadería que le vendió el testigo a la víctima; f) La prueba signada con el Nº 14 consistente en la certificación de la Aduana Nacional donde indica que la supuesta víctima no registra ingresos de mercadería por importación, apartándose el Tribunal de la sana crítica al sostener que es relevante para demostrar que su persona jamás le entregó la mercadería a la supuesta víctima; g) La prueba documental “D5”, que según el Tribunal de mérito se trata de una cotización y no una compra, afirma que tampoco existe un documento donde diga que el pacto fue por la compra de 150 televisores que solo existe en la mente de la supuesta víctima apoyada por sus testigos de cargo, no llegando a probar el Ministerio Público ni la acusación particular que el trato haya sido por 150 televisores plasma, cuando las pruebas signadas como D5 y D7 de forma clara y expresa señala que existe un lote de mercadería adquirido por la supuesta víctima; sin embargo, dicha mercadería jamás ingresó a Bolivia por la Aduana Nacional tal como lo señala la prueba documental presentada por el Ministerio Público con el Nº 14, cómo entonces se podría probar si la supuesta víctima recibió o no la mercadería, si la señora nunca importaba mercadería de forma legal; y, h) La prueba documental de descargo “D6” fue presentada en la etapa preparatoria y fue presentado como prueba documental por el Ministerio Público con el Nº 13, y en conformidad con el voto disidente de la Juez Tadea Alba, era el Ministerio Público quien tenía que encargarse de demostrar si el nombre del conductor Juan Tapia no existe en los registros del SEGIP, que la placa de circulación del vehículo no existe o no pertenece a Bolivia, no efectuando el Tribunal de mérito una valoración de la prueba en base a la sana crítica, de haberlo hecho habría llegado a la conclusión de la existencia de duda razonable