Auto Supremo AS/0271/2019-CC

Esta aseveración de la parte demandante, no destruye, menos enerva la documental que en los hechos demuestra el pago de ese periodo, al contrario, ya que no niega tal pago, sino se aboca a resaltar que habría precluido el derecho de la institución demanda, por no haber reclamado en su tiempo esa falta de valoración probatoria que se tradujo en error de hecho. Sin embargo, este máximo tribunal no puede soslayar la evidencia física y probatoria de que en los hechos existió el pago de ese periodo previo. Corroborado por el Principio de Verdad Material, que no solo atañe y protege al demandante particular, sino también a la institución demandada.
Al respecto, el Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en sus diversos fallos como el Auto Supremo Nº 131/2016 en sentido que: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales