Sentencia Rol 8216 - 07

0000060 SESENTA 1°. Que el requerimiento de inaplicabilidad cuestiona la constitucionalidad del artículo 1º inciso segundo de la Ley Nº 18.216, cuerpo legal que “Establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad”. Evidente resulta indicar que esta disposición legal ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de este Tribunal Constitucional, en relación con las más diversas circunstancias y pluralidad de delitos. Y si bien, producto de lo anterior, resulta clara la existencia de criterios determinados por parte de los jueces de esta Magistratura respecto a la aplicación del precepto legal en comento, las particularidades de este caso motivaron a estos jueces a desarrollar esta disidencia en términos específicos. 2º Que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es interpuesto en representación de doña Karina Maury Pillaca, quien ha sido acusada por el delito de homicidio simple, contemplado en el artículo 391 Nº 2 del Código Penal, en proceso judicial que se sigue ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Conforme se expone en el requerimiento, los hechos se habrían verificado en el contexto de una discusión de la requirente con su pareja, a quien ella atribuye problemas relacionados con la ingesta de alcohol y drogas, todas circunstancias que en definitiva habrían desencadenado los hechos que terminaron con la muerte del último. 3º. Que, por supuesto no compete a esta Magistratura analizar el contexto en que habría acaecido el delito que se imputa a la requirente, como tampoco corresponde calificar las circunstancias del mismo y la respuesta punitiva pertinente. Todas ellas son cuestiones que pertenecen al ámbito de conocimiento del juez de fondo y, por tanto, propias del análisis de legalidad. Pero, lo que sí es relevante e ineludible para esta Magistratura, es analizar la constitucionalidad de aplicar a este caso concreto el precepto legal cuya inaplicabilidad se solicita. 4º.- Que precisado lo anterior, cabe recordar que la disposición legal cuestionada ante esta sede constitucional restringe la posibilidad de acceder a una pena sustitutiva a la privación de libertad para el caso de determinados delitos que el precepto legal contempla, así como para delitos o cuasidelitos cometidos con armas o elementos de aquellos que la misma norma contempla, con la contra excepción del caso en que para la determinación de la pena se establezca la circunstancia atenuante del artículo 11 numeral 1 del Código Penal. Siendo de este modo, lo que nos plantea este requerimiento de inaplicabilidad consiste en determinar si resulta ajustado a las garantías constitucionales de la inculpada, para el caso concreto, el que se le excluya de una institución de aplicación general en el orden punitivo penal, cuando a través de una decisión legislativa, se ha pretendido dar una respuesta sancionatoria particularmente gravosa a ciertas conductas, obviando las características y alcances de una pena privativa de libertad, así como los fines que debe perseguir la regulación en materia penal. 11