AMPARO DIRECTO 313/2012. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ. SECRETARIO: ARTURO VALLE CASTRO.

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"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar ‘los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado’; en el artículo 21, al disponer que ‘la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público’; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole ‘buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos’. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

"Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores.

"El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada el quince de agosto en curso, aprobó, con el número XXXV/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto de dos mil dos."

Se afirma lo anterior, en virtud de que en autos se contienen pruebas suficientes que la comprueban plenamente (responsabilidad), como son: lo declarado por la denunciante ********** el testimonio del coacusado ********** el dictamen de genética forense (estudio seminológico); el dictamen oficial de integridad física practicado a la pasivo; los dictámenes de mecánica de lesiones y de hechos; el dictamen oficial en materia de psicología realizado a la denunciante; así como con la declaración del quejoso ********** la que la responsable determinó como confesión calificada divisible, que por su enlace jurídico, lógico y natural, en conjunto, dada la naturaleza de los hechos, integraron la prueba indiciaria o circunstancial de plena eficacia demostrativa a que se refiere el artículo 261 del código adjetivo de la materia y fuero; por lo que se desprende que tuvo conocimiento y voluntad del resultado típico conocido, dado que no aparece que exista causa de justificación o de inculpabilidad en términos del numeral 29 del código sustantivo descrito, por lo que se encuentra fundado el juicio de reproche formulado en su contra.

Indicios que al no advertirse desvirtuados en autos, resultaron eficaces para aniquilar la presunción de inocencia que existió a favor del quejoso, toda vez que el universo probatorio existente en el expediente acreditó plenamente que ********** fue el sujeto activo que ejecutó el hecho delictivo antes narrado; además de que vistas bajo esa prelación lógica, es factible conjuntar los indicios que de las pruebas reseñadas se desprenden, al advertirse a partir de ellas, de modo innegable, la responsabilidad del quejoso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 23/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya localización, rubro, texto y precedente son los siguientes: