SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1102/2002 - R

Que, para suplir la defensa asumida mediante patrocinio particular, la Ley Adjetiva Penal, a fin de dar plena efectividad al derecho de defensa establecido en la Constitución, ha previsto el defensor de oficio, sobre cuyo rol, este Tribunal en la Sentencia Constitucional 313/02-R, de 20 de marzo, manifestó: “... cuando la Constitución establece 'Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal' (art. 16.IV), está prohibiendo la imposición de toda sanción sin defensa. Es así que bajo este mandato que se halla conectado con los párrafos II y III del mismo precepto, el legislador ordinario ha creado la figura del defensor de oficio, para los casos en que el titular del derecho no ejercite el mismo. Resulta obvio la asignación de un defensor oficial en el sentido de que no se agota en la formalidad legal que tal acto implica, sino en la realización material del mismo; de ahí que conforme a esto, toda sanción de índole penal impuesta sin la observancia de las reglas anteriores 'se tendrá por no existente e igualmente el procedimiento que la hubiere declarado' (así, segundo párrafo del art. 1 del Código de Procedimiento Penal de 1972).”