SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0027/2003-R

El recurrente reiteró los fundamentos de su demanda y la amplió indicando que no sólo se vulneró su derecho a la propiedad privada sino también al debido proceso, por cuanto la Fiscal cometió una serie de irregularidades en la etapa preparatoria que culminaron con la declaración de la extinción de la acción penal por el Juez Cautelar. Ahora bien, del informe prestado por la Fiscal recurrida se infiere la existencia de un trámite de restitución del vehículo robado a petición de una empresa brasilera, por lo que solicitó una certificación mediante la Cancillería y la Embajada del Brasil para conocer la veracidad de esa afirmación, sin que tal petición haya sido contestada por la Embajada, lo que hace presumir que la respuesta es negativa, significando que el secuestro de su vehículo es ilegal.  El Juez Cautelar no respondió a sus numerosas solicitudes de entrega del vehículo, hasta que finalmente se declaró incompetente para conocer incidentes, lo cual si bien no es correcto, originó la interposición del presente recurso contra la Fiscal.