SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0027/2003-R

El recurrente indica que la autoridad demandada ha violado sus derechos a la propiedad privada y al debido proceso, en razón a que mantiene secuestrado su vehículo no obstante que esa medida no fue ordenada por el juez, y que se declaró extinguida la acción penal por el presunto delito de robo, al margen que tampoco existe ninguna petición de devolución del motorizado por parte del supuesto propietario, que acredite la iniciación de algún trámite conforme al Acuerdo de Asunción. Por consiguiente, corresponde analizar si los hechos demandados son evidentes y si ameritan la protección del art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).