SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1843/2003- R

III.4             Por otra parte, y sin que implique que éste Tribunal esté emitiendo criterios que corresponden ser pronunciados por otra jurisdicción, debe dejar absolutamente claro que la sentencia constitucional que ha dado motivo a la acción penal que a su vez dio origen al presente amparo, no es una sentencia simplemente anulatoria que no ordena ni dispone realizar ningún acto como afirman los recurrentes, pues darle lectura de tal forma al citado fallo importaría desvirtuar toda la acción tutelar que ejerce esta jurisdicción en materia de amparo, pues no existe ni podría existir una sentencia que al margen de no negar u otorgar protección cuando ingresa al fondo de la problemática, se abstenga de disponer que se haga o deje de hacer un acto. En efecto la  SC 1125/2001-R, está aprobando la procedencia del recurso sin modificar lo dispuesto o dejarlo sin efecto, asumió en su totalidad lo que dispuso la resolución que revisó, y en ésta al haberse demostrado la omisión indebida se dispuso “la nulidad de la actuación recurrida, debiendo procederse en la forma que corresponde. Sin responsabilidad”, lo que significaba que FONPLATA debía notificar nuevamente al ex funcionario recurrente, para restablecer los derechos al debido proceso, a la defensa y a la segunda instancia que se tuvieron como lesionados, situación que reconocen en parte de su demanda los recurrentes, pues en ésta expresan que el recurso fue declarado procedente disponiéndose que se proceda a la notificación personal con la Resolución R.D. 922/2000; empero después niegan este extremo y señalan que simplemente es una sentencia anulatoria, pero como se ha demostrado esta aseveración no es cierta ni responde a los datos fidedignos de la sentencia constitucional referida.