SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0638/2003- R

III.2   Que, la línea jurisprudencial citada ha reafirmado los principios fundamentales de legalidad y de la seguridad jurídica, lo que implica que los actos y decisiones de las autoridades y funcionarios públicos se rigen bajo el imperio de la Ley que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados; de manera que ninguna autoridad o funcionario público podrá adoptar decisión alguna apartándose de las normas legales que regulan sus funciones así como del asunto o materia puesto a su conocimiento; pues de hacerlo estaría desconociendo el orden jurídico vigente viciando de nulidad sus actos y decisiones.