SENTENCIA CONSTITUCIONAL 95/2003

c)    Manifiesta que es incomprensible que el Consejo de la Judicatura aplique actualmente la Resolución Senatorial que homologa los Aranceles del Poder Judicial, cuando no tiene atribuciones conferidas por la Constitución, lo que evidencia la ilegalidad de la actuación de dicho Consejo que está obligando a las personas a cancelar la tasa por la prestación del servicio judicial, en franca vulneración a lo dispuesto por el art.116 VIII de la Ley Suprema.

c)    Puntualiza que, lo que el Senado aprueba en primera instancia son los montos que cobrarán  por los servicios judiciales, es decir, el Arancel de Valores del Poder Judicial, montos que después son incorporados al Presupuesto General de la Nación, “el mismo que constituye tanto por su trámite como por sus efectos una Ley de la República”;