SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0123/2004-R

III.5  Sin embargo de lo anterior,  a fs. 50 de obrados cursa la diligencia de citación y notificación con la demanda y Sentencia coactivas, que acredita haberse citado y notificado a Florencio “Flores” Gonzales, que resulta siendo aparentemente, una persona distinta al coactivado que responde al nombre de Florencio Fernández Gonzales -ahora recurrente-; irregularidad que no puede ser subsanada a través del informe cursante a fs. 162 realizado por el oficial de diligencias que cometió dicho error, en el que incluso afirma haber dejado las copias por debajo de la puerta; incumpliendo así formalmente con todos los requisitos previstos por el art. 121 CPC; consecuentemente, al haberse citado y notificado a una persona cuya identidad no era la del coactivado, materialmente no cumplió con la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico en el marco de resguardo del derecho al debido proceso de toda persona sometida a una acción judicial; de manera que Florencio Fernández Gonzales no tuvo ocasión ni oportunidad de enterarse de la diligencia realizada, lo que significa que no se enteró materialmente de la iniciación y tramitación del proceso coactivo menos, de la emisión de la Sentencia, consiguientemente, fue colocado en una situación de indefensión ya que al no estar debidamente informado del proceso no asumió plenamente su defensa. Por lo tanto, las actuaciones procesales de citación con la demanda y notificación con la Sentencia, realizadas en relación al recurrente, fueron viciadas de nulidad, en función a lo dispuesto por la parte in-fine del Art. 128 del CPC.

En consecuencia, las autoridades recurridas, a través de las resoluciones judiciales impugnadas en este amparo, al haber el Juez recurrido rechazado el incidente de nulidad planteado por el recurrente y, al haber confirmado dicho rechazo los vocales recurridos, no obstante de estar debidamente acreditada la ilegalidad de las actuaciones procesales impugnadas, han lesionado los derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso del recurrente, por lo que corresponde otorgar la tutela demandada, al constatarse que previamente se han agotado los medios ordinarios de defensa.