SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1613/2004-R

El recurrente ratificó su demanda y la amplió a través del memorial de fs. 167 a 172, leído en audiencia, expresando que en 1964 contrajo matrimonio con Alcira Almaraz, adquiriendo un bien inmueble en 1974, que fue inscrito en Derechos Reales. En 1998, su esposa junto a su hijo obtuvieron un préstamo del demandado Jorge David Vargas, dando en garantía hipotecaria el inmueble que forma parte de la comunidad de gananciales, sin que haya dado su consentimiento conforme el art. 116 del Código de familia (CF); sin embargo la acción coactiva fue dirigida contra su fallecida esposa y su hijo,  rematándose el 100% del bien que culminó con la adjudicación del inmueble a favor del coactivante.

Agregó que en el trámite de remate, el recurrido Juez Primero de Instrucción dispuso en principio sólo el remate del 50% del inmueble, al verificar que se encontraba registrado a nombre de su esposa con el nombre de casada, lo que motivó que el coactivante solicite la reposición de esa decisión, motivando que la autoridad judicial disponga el remate de todo el bien.

El juez de la causa debió disponer su citación al ser propietario del 50% del bien hipotecado  o por lo menos con el embargo del inmueble y no lo hizo pese a saber que conocía por los datos del proceso que el bien rematado estaba a nombre de una mujer casada, negándole con ello la oportunidad de asumir defensa.

Al haber tomado conocimiento de la situación a través de sus hijos a la muerte de su esposa, el bien inmueble ya había sido rematado y adjudicado al coactivante, por lo que no podía interponer tercería de dominio excluyente, en cuyo  mérito interpuso el incidente de nulidad, que al ser rechazado por el no uso de dicha tercería que estaba negada por mandato legal, significa vulnerar y restringir sus derechos fundamentales, además que su intervención es más de litisconsorte que como tercero, pues sus derechos sobre el inmueble son prejudiciales, anteriores al proceso.