SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1729/2004-R

Los recurrentes afirman que se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica, propiedad privada y presunción de inocencia, pues como legítimos propietarios de vehículos automotores se acogieron al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de Regularización de Vehículos Indocumentados establecido por la Disposición Transitoria Tercera del CTB, y que cuando sus motorizados se encontraban en los recintos aduaneros, se les comunicó que sus trámites estaban paralizados debido a que según certificación de DIPROVE existirían supuestas denuncias de robo sobre sus vehículos en la Argentina, ante lo cual la Aduana realizó los trámites correspondientes previstos en el Convenio sobre de Restitución de Automotores suscrito con dicho país y el “Acuerdo de Asunción” hasta emitir Resoluciones Administrativas declarando la caducidad y extinción de los derechos de los presuntos propietarios para reclamar su restitución; empero, los trámites continúan paralizados debido a que tanto DIPROVE como el RUA se niegan a levantar del sistema la información acerca de las supuestas denuncias de robo, mientras que la autoridad aduanera observa una conducta omisiva, al no exigir el cumplimiento de sus propias Resoluciones. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 de la CPE.