SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0187/2004-R

Por todo lo expresado, se evidencia que los vocales recurridos, al pronunciar la Resolución 200/2003, que además carece de la fundamentación necesaria, han vulnerado no sólo el principio de legalidad penal como garantía de la seguridad jurídica, en virtud de la cual los ciudadanos pueden conocer qué conductas son consideradas delictivas, y la forma que están tipificadas como delitos, sino también la garantía del debido proceso, entendida por este Tribunal como "el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (..) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos" SC 418/2000-R, en el mismo sentido la SC1276/2001-R, entre otras.