SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0958/2004-R

III.2.   Respecto a la competencia del juez o tribunal de sentencia para conocer las peticiones sobre medidas cautelares el art. 44 in fine del CPP, establece: “el juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. En ese entendido, el Tribunal Constitucional en las SSCC 1107/2000-R y 708/2003-R, considerando que las solicitudes de detención preventiva deben tener un trámite acelerado y oportuno, ha determinado que “cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante alguna Corte Superior, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar se plantearán ante éstas o ante el Juez o Tribunal que pronunció Sentencia, quien informará de la solicitud al Tribunal en que se halla el proceso para que remita los antecedentes pertinentes”, remisión que sólo será procedente “cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación” (así, SSCC 783/2003-R y 1853/2003-R).

            De lo expresado, se concluye que los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva así como otros incidentes sobre medidas cautelares aún después de haber dictado sentencia e incluso cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente.

Ahora bien, el pronunciamiento sobre tales peticiones debe ser emitido en audiencia a través de resolución expresa la cual debe cumplir los requisitos formales exigidos por ley, así en caso de disponer la detención preventiva observar inexcusablemente lo dispuesto en los arts. 233 al 236 del CPP y en el caso de de revocatoria de una medida sustitutiva la previsión del art. 247 del mismo cuerpo legal.

Asimismo debe cuidar la aplicación de las disposiciones legales al caso concreto, en respeto de la irretroactividad de la ley más aún si las mismas sufrieron alguna modificación como ha sucedido con las normas descritas siendo  necesario tener en cuenta el principio de la irretroactividad de la Ley y el de favorabilidad,  que para su aplicación a los casos concretos han sido aclarados en la SC 1030/2003-R, de 21 de julio, cuando señala: