SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0958/2004-R

“ III.4. Por otra parte, conviene aclarar que este entendimiento no representa un cambio en la jurisprudencia contenida en las SSCC 280/2001-R, 1190/2001-R, 1310/2002-R y 165/2003-R, que señala: “[...]en materia procesal, el legislador puede establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a proceso,  se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía el tiempo de la comisión del delito, como ocurre en materia penal).  Esta es la modalidad que ha establecido el legislador boliviano cuando en la Disposición Transitoria Segunda determinó la aplicación anticipada de diversos preceptos procesales, entre ellos, el relativo al régimen de la prescripción”; dado que, si bien es cierto que en la ejecución penal se pueden presentar incidentes cuyos trámites estén revestidos de principios procesales como el de contradicción, no puede entenderse de ello que la cuestión o asunto planteado en el incidente sea de naturaleza procesal, pues, la norma adjetiva rige el proceso no las cuestiones o situaciones jurídicas que se enjuician o definen a través de ellas; las cuales como en el caso que nos ocupa, al incidir sobre esferas vinculadas a la libertad personal, son de naturaleza sustantiva, y por lo tanto rige el principio de benignidad o favorabilidad; como  lo ha establecido la SC 0165/2003-R, que señala:  “que hay leyes o códigos que tienen preceptos sustantivos y adjetivos al mismo tiempo, este es el caso del nuevo Código de Procedimiento Penal, la Ley 1008, la Ley de Arbitraje y Conciliación entre otras.”

De lo que se establece que frente al principio de la irretroactividad de la ley como regla general, es posible la aplicación retroactiva de la ley penal, no solo sustantiva sino también la ley procesal penal o de ejecución, en la medida en que beneficie al imputado en el ámbito de su esfera de libertad, quedando claro que se pueden aplicar las nuevas normas procesales a los procesos pendientes o en curso de tramitación sólo en la medida en que ellas no afecten la esfera de la libertad del imputado, excluyendo de ese modo toda posibilidad de aplicar retroactivamente normas contenidas en leyes o códigos procesales, cuya esencia o contenido sea de naturaleza sustantiva y agrave la situación jurídica del imputado respecto a su derecho a la libertad física, como lo ha precisado la SC 403/2004-R, de 23 de marzo.