SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1311/2005-R

III.3. Ahora bien, respecto a la naturaleza jurídica de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción, que también se denominan cargos de confianza corresponde señalar que la SC 1714/2004-R, de 25 de octubre, reiterada en la SC 888/2005-R, de 1 de agosto, expresó que estos “no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa, lo que importa que no se reconoce para estos servidores algunos de los derechos que el catálogo de derechos del funcionario público consagra, como el de la estabilidad, pues su ingreso, también diferente del de los funcionarios de carrera, está exento de formalidades, requisitos y procedimientos, siendo por ello que se denominan de libre nombramiento, pues es suficiente la voluntad de la máxima autoridad de la entidad; de igual modo para proceder a su retiro o remoción, tratándose de funcionarios de libre nombramiento, sólo es suficiente la voluntad de la autoridad que lo nombró, por lo que no necesita de ningún procedimiento disciplinario sancionador interno, o de otro tipo, siendo una facultad discrecional otorgada por la ley” (las negritas son nuestras).

En efecto, si los servidores públicos de carrera gozan de una prerrogativa especial cual es la estabilidad en el cargo, garantía que no tienen los funcionarios de libre nombramiento y remoción pues su permanencia en el mismo depende de la discrecionalidad del empleador, es razonable que, al destituirlos o removerlos, se les dé un tratamiento diferente, esto en razón de que, por una parte, el ingreso de un servidor público a la carrera está supeditado únicamente al cumplimiento de los requisitos contenidos en la Constitución y en el estatuto especial que los regula, (Estatuto del Funcionario Público) y, su permanencia en el mismo sólo debe estar condicionada a la idoneidad del empleado, al cumplimiento de las funciones de modo eficiente y eficaz y al logro de la mejor prestación del servicio público; por lo que no puede entonces el empleador separar al trabajador de su cargo por razones distintas a la calificación insatisfactoria de su desempeño laboral, la violación del régimen disciplinario, o alguna de las demás causas previstas en la Constitución y la ley. En cambio,  la situación de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, es  completamente distinta a los de carrera, pues para éstos la vinculación, permanencia y retiro de sus cargos depende de la voluntad del empleador, quien goza de discrecionalidad, otorgada por la ley para decidir libremente sobre estos asuntos; discrecionalidad que si bien no puede confundirse con la arbitrariedad; empero, por la naturaleza jurídica de esta clase de servidores públicos (de libre nombramiento y remoción); tampoco le es exigible al empleador justificar la decisión de remoción o retiro motivadamente; un entendimiento en contrario, es decir, establecer la inamovilidad funcionaria de esta clase de servidores públicos, o exigir motivación o justificación para su remoción, implicaría desconocer su verdadero estatus, que dada la naturaleza de su vínculo con la administración, no  puede establecerse bajo ningún criterio.

En este sentido, en un caso similar en que un funcionario de libre nombramiento de una Prefectura denunció su retiro como lesivo a sus derechos, la SC 1013/2004-R, de 2 de julio, señaló lo siguiente: “En la especie, (...) fue designado por el Prefecto del departamento de Pando en forma directa, sin que haya existido proceso de selección alguno para ocupar el cargo de Director Técnico del Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, por consiguiente su condición era la de funcionario de libre nombramiento. En esa lógica, al tratarse de un servidor de libre nombramiento, también es de libre remoción, sin que pueda argüir la falta de realización de proceso interno en su contra para determinar su retiro de la entidad (...)”.