SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1625/2005-R

El actor afirma que las autoridades recurridas vulneraron los derechos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la petición, al juez natural, a la defensa, así como a la garantía del debido proceso, pues: I.- El Juez recurrido: a) sustentó la orden de allanamiento requerido por el Ministerio Público con afirmaciones falsas y sin fundamentos; b) en el mandamiento no especificó los lugares a ser allanados por la falta de precisión en la solicitud. II.- Los Fiscales recurridos: a) en cumplimiento a la orden judicial procedieron al secuestro de sus bienes sin efectuar el respectivo inventario y sin considerar que fueron adquiridos en forma legal y que no existía denuncia en su contra; b) el allanamiento se produjo en su ausencia sin que la orden sea puesta en su conocimiento o de otra persona; c) su pedido de devolución de los bienes obtuvo maltrato, prepotencia y abuso. Además sostiene haber sido objeto de indebida e ilegal persecución como consecuencia de la interposición del presente recurso. Corresponde considerar si en la especie es viable otorgar la tutela pretendida.