SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0225/2005-R

III.2.   En el caso presente si bien el Fiscal Adjunto recurrido, René Losantos Saravia, imputó formalmente a los recurrentes la supuesta comisión de los delitos de posesión, tráfico y transporte de sustancias controladas   previsto en el art. 48 y 55 con relación al art. 33 inc. ll) y m) todos de la L1008, sin  particularizar el delito para cada uno de ellos, como  exige  la jurisprudencia constitucional en la SC 760/2003-R, de 4 de junio, dado que el art. 33.m) tiene 14 modalidades típicas, que al momento de la imputación deben estar debidamente individualizadas, no obstante se prosiguió con la etapa preparatoria hasta concluirla con la presentación del requerimiento acusatorio; sin embargo, no es menos evidente que los recurrentes pudieron hacer valer su derecho y reclamar ante el Juez de Instrucción por ser el responsable de ejercer el control jurisdiccional de la investigación y el encargado de garantizar el respeto de los derechos y garantías reconocidos a favor del sindicado y de que se cumpla el procedimiento y la Ley; habiendo precluido la etapa en la que  debieron observar la falta de fundamentación de la imputación formal. Por lo que siguiendo la línea de las SSCC 160/2005-R, 181/2005-R y 182/2005-R, que modulan el principio de subsidiariedad aplicable al recurso de hábeas corpus no es posible la tutela pretendida en este punto al haber existido durante la etapa preparatoria medios legales ordinarios a los que los recurrentes pudieron acudir y no lo hicieron.