SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1131/2005-R

La recurrente alega la vulneración de los derechos a la propiedad privada, seguridad jurídica, petición y la garantía del debido proceso, de su representado denunciando que las autoridades recurridas se han negado indebidamente a concluir con el trámite de nacionalización de su vehículo privándole de ese derecho, no obstante que por RA 190/04, de 5 de agosto de 2004, el  Administrador a.i. de la Aduana Nacional de Yacuiba declaró la caducidad y extinción de derechos que podría haber ejercido el supuesto propietario del Brasil, instruyendo a la Aduana Nacional y Fiscal adscrita a DIPROVE, el desmarque correspondiente ante el RUA y DIPROVE de Bolivia, para que se borre la supuesta denuncia de robo, con cuya actuación, mas el pago de la póliza de importación concluiría el trámite de nacionalización de su motorizado; empero, después se le negó darle la autorización por escrito para el pago de dichos tributos, aduciendo haber fenecido el plazo. En consecuencia, corresponde determinar si es pertinente otorgar la tutela que brinda el recurso de amparo constitucional.