SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1200/2005-R
Fecha: 29-Sep-2005
II.2.
II.2. En ejecución de sentencia, el Juez recurrido dictó el Auto de 19 de enero de 2004 -ahora impugnado- disponiendo que en cumplimiento de la Sentencia ejecutoriada de 8 de marzo de 2001, corresponde a la Alcaldía Municipal de Mineros, cancelar a favor de la empresa VERCEC, la suma de $US75.006,92.- por concepto de pago de la Planilla de Avance de Obra 3 correspondiente al mes de diciembre de 1998, además de la suma de $US19.233,42.-, por concepto de intereses devengados, pago a efectuarse dentro de tercero día de ejecutoriada dicha resolución, bajo prevenciones de ley (fs.33 y vta.); Resolución que apelada, fue confirmada por la Sala Civil Segunda -a cargo de los vocales recurridos- mediante Auto de Vista 531 de 14 de octubre de 2004 -ahora también impugnado- (fs. 34 y vta.).
- recurso
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- a)
- improcedente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III.1. En cuanto a la omisión de
- III.2.
- los fiscales continuarán interviniendo en aquellos asuntos no penales que a la vigencia de esta Ley estuvieran actuando en representación del Ministerio Público
- no puede ser aplicado discrecionalmente en los asuntos en los que a la fecha de vigencia de la referida Ley Orgánica del Ministerio Público estuvieren actuando los fiscales, en representación del Ministerio Público, conforme determina la Disposición Transitoria Quinta de la LOMP
- III.3.
- pese a que el proceso ordinario de referencia que se encuentra en ejecución de sentencia, fue iniciado el 1 de julio de 1999, es decir, con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Público -13 de febrero de 2001- y por ende, cuando esta institución era parte en procesos de esta naturaleza;
- la jurisdicción constitucional no revisa la valoración de la prueba realizada en la jurisdicción ordinaria, excepto cuando el juzgador se hubiese apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales
- APRUEBA