DECLARACION CONSTITUCIONAL 0001/2006

         En el marco referido, cabe señalar que la estructura política del Estado está organizada, entre otros, sobre la base de los principios de la soberanía popular y la separación de funciones o de los poderes del Estado, proclamados por el art. 2 de la CPE. A los fines de la dilucidación de la problemática planteada en la presente consulta, corresponde recordar que el principio de la separación de funciones o de los poderes del Estado surge como resultado de la búsqueda de mecanismos institucionales, orientada a evitar la arbitrariedad de los gobernantes y a asegurar la libertad de los gobernados; por esa razón, se decide separar el ejercicio del poder público entre diferentes ramas, de manera que no descanse únicamente en las manos de una sola y que los diversos órganos de cada una de ellas se controlen recíprocamente. En consecuencia, el principio de la separación de funciones o de los poderes del Estado significa que las diferentes funciones inherentes al ejercicio del poder del Estado son distribuidas a los distintos órganos, los que ejercen el poder público sobre la base de la coordinación e interrelación de funciones.

         En el sistema constitucional boliviano, el Constituyente ha configurado la estructura política del Estado sobre la base de los principios de soberanía popular y separación de funciones, complementado por los sub principios de la independencia de los órganos del poder público y la coordinación entre ellos; de manera que, en el marco de la concepción contemporánea, se constituya en una separación de ámbitos funcionales dotados de un control activo entre ellos; así lo prevé el art. 2 de la CPE.

         Al respecto, este Tribunal Constitucional, en su SC 0491/2003-R, de 15 de abril, ha señalado que: “el Estado Democrático de Derecho está organizado sobre la base de los principios fundamentales, entre otros, de la separación de funciones conocida también como el principio de división de poderes, lo que implica la distribución de competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder del público, de manera tal que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia. El principio fundamental antes referido está expresamente consagrado por el art. 2 de la Constitución por cuyo mandato 'la soberanía reside en el pueblo (..) su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial'; asimismo, la citada norma constitucional establece la independencia y coordinación de estos poderes, como la base del gobierno democrático. (..) en el marco del principio fundamental referido, el Poder Constituyente, a través de las normas previstas en la Constitución, ha asignado a cada uno de los tres poderes del Estado funciones y potestades específicas, delimitando claramente sus ámbitos de competencias. Así, al Poder Legislativo le ha asignado la potestad legislativa, de control y fiscalización; al Poder Ejecutivo la potestad reglamentaria, administrativa y ejecutiva; y, al Poder Judicial la potestad jurisdiccional”.