SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1057/2006-R

Los recurrentes alegan como lesionado el derecho a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso, por cuanto dentro del proceso social instaurado por Orlando González contra el Banco Central de Bolivia, la Jueza recurrida reguló honorarios profesionales, que fueron confirmados por los Vocales recurridos, contraviniendo los arts. 39 de la LACG y 52 del DS 23215, disposiciones que liberan a las instituciones públicas del pago de honorarios profesionales, siendo el Banco Central de Bolivia, institución del Estado de derecho público, según el art. 1 de la LBCB; habiendo el Tribunal Constitucional interpretado las antedichas normas en la SC 1295/2001-R, vinculante y obligatoria al tenor del art. 44 de la LTC. Corresponde, en revisión, analizar si tales aseveraciones son ciertas, y si dan lugar o no a brindar la tutela que otorga el art. 19 de la CPE.