SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1062/2006-R

III.3. Por otra parte, al haberse también solicitado dentro de esta acción tutelar, ordenar la suspensión en la prosecución del proceso, mientras se resuelva la apelación interpuesta contra el Auto de 22 de septiembre de 2005, fundamentando su petitorio en que se le ampare en la posesión de su bien inmueble, toda vez que existiría amenaza de despojo del bien que ocupa su familia y, a la vez, por encontrarse el proceso ejecutivo en revisión ante la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, al margen de existir un daño irremediable e irreparable por producirse por lo cual solicita tutela mientras se resuelva la “alzada” (sic); corresponde recordar previamente lo establecido por la jurisprudencia constitucional respecto a la procedencia de la tutela ante un daño irreparable o irremediable, así la SC 1094/2004-R, de 15 de julio señala que: “(…) ante la existencia de un daño irreparable o irremediable, no obstante existir el medio de defensa judicial, podrá otorgarse tutela provisional, destinada a evitar la consumación del hecho, hasta que en la instancia ordinaria correspondiente se pronuncie el recurso pendiente de resolución y se resuelva lo que en derecho corresponda, para lo cual se requerirá realizar una ponderación del derecho invocado y las circunstancias que rodean el caso particular que se analiza”.

En ese mismo sentido y precisando los supuestos para valorar la procedencia de la tutela en casos de daño irreparable la SC 0550/2004-R, de 13 de abril, señala lo siguiente: “(…) para que pueda otorgarse tutela provisional debe existir o advertirse la inminencia de que se producirá un daño irreparable o irremediable si no se toman medidas inmediatas para evitarlo; a cuyo efecto, es necesario que la persona afectada demuestre que esa lesión, detrimento o menoscabo, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares es irreparable, toda vez que de no producirse o no existir la amenaza del daño o perjuicio irremediable que vulnera el derecho invocado no puede otorgarse la tutela provisional.

En efecto, con la tutela provisional lo que se persigue es evitar la consumación del hecho, que de producirse, ocasionaría una daño irreparable o irremediable, que lesionaría el bien o derecho jurídicamente protegido, razón por la cual se hace urgente y necesaria la existencia de un mecanismo que impida la ejecución del acto mientras se resuelve a través del medio de defensa judicial la controversia o problemática que da origen al acto considerado ilegal”.