SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1063/2006-R

          En este contexto, respecto a las notificaciones con las determinaciones emitidas en segunda instancia en materia civil, -normativa aplicable según el régimen de supletoriedad previsto por el art. 7 del Código Tributario abrogado- este Tribunal Constitucional, ha establecido que: “el art. 231 del CPC, determinaba que 'Recibido el expediente por el juez o tribunal de alzada, se decretará su radicatoria, actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado o tribunal'; sin embargo, este artículo fue modificado por el art. 21 LAPCAF, cuyo texto que sustituyó al anterior simplemente establece que "Recibido el expediente por el juez o tribunal de alzada, se decretará su radicatoria", lo que significa que para efectos de notificaciones, se mantiene el domicilio señalado por las partes en primera instancia (...)” (SC 0040/2003-R, de 14 de enero); es decir, “que desde una interpretación teleológica, se tiene que el legislador, con la finalidad de dotar de la máxima eficacia al inviolable derecho a la defensa, decidió eliminar del texto del art. 231 del CPC, la frase 'actuación a partir de la cual se tendrá por domicilio legal de las partes la secretaría del juzgado o tribunal' (...) en la reforma del 28 de febrero de 1997, Ley de abreviación civil y asistencia familiar; con lo que se eliminaron las “notificaciones por cédula en estrados” en la segunda instancia; de lo que se entiende que en el sentido del nuevo precepto, para efectos de notificaciones en segunda instancia, se mantiene el domicilio señalado por las partes, en la primera instancia”. (SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre).