SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0231/2006-R

La recurrente alega como vulnerados sus derechos a la propiedad, a la seguridad jurídica, a la defensa y a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7, 16.II, IV y 22 de la CPE, toda vez que la autoridad recurrida: a) no ejerció un adecuado control, por cuanto en el proceso de usucapión tramitado en rebeldía, el Defensor de Oficio no asumió defensa, tampoco hizo llegar copia de la demanda o algún otro aviso, concretándose a firmar las notificaciones, colocándola en estado de indefensión; b) no existió igualdad efectiva de las partes en el desarrollo del proceso, habiendo sido citada con la demanda por edictos publicados en la Gaceta Jurídica, diario no autorizado por la Corte Superior de Distrito, siendo “La Palabra del Beni” el órgano oficial, según certificado de la Secretaria Abogada de Presidencia de la Corte Superior de Distrito, arbitrariedades que involucran la nulidad del proceso; c) las fotocopias adjuntadas no constituyen título idóneo para el inicio del proceso, a tenor del art. 134 del CC, por lo que no debió ser admitida la acción, en correspondencia con los arts. 190, 330 y 333 del CPC; d) los edictos, no fueron fijados durante treinta días en la casa de justicia, conculcando la garantía constitucional de la publicidad, establecida en el art. 116.X de la CPE y 125.I del CPC; e) aceptó el ofrecimiento de prueba fuera del término previsto en el art. 379 del CPC, toda vez que, con el Auto que fija los hechos a probar, la demandante fue notificada el 20 de mayo de 2003 y la prueba fue presentada el 10 de junio de 2003, o sea fuera del término de los cinco días. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela solicitada.