SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0277/2006-R

Esto implica que la autoridad fiscal recurrida, pese a la Resolución de rechazo de las actuaciones policiales y al archivo de obrados, atribuyéndose facultades que la Ley no le reconoce adoptó una decisión cuando el proceso penal estaba concluido, al suspender el trámite de nacionalización que es de absoluta competencia de la Aduana Nacional. En tal mérito, tanto la regularización de procedimiento a través de la Resolución de 8 de marzo de 2005, dictada por el anterior fiscal, como el decreto de 30 de abril de 2005 dictado por el fiscal recurrido constituyen actos ilegales que  vulneran el derecho a la seguridad jurídica del recurrente, entendida por este tribunal como la "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio" (AC 287/1999-R, de 28 de octubre); en cuyo mérito corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 19 de la CPE.