SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0509/2006-R

Los recurrentes solicitan tutela de los derechos a la seguridad jurídica, defensa, propiedad y la garantía del debido proceso, denunciando que la autoridad judicial recurrida mediante Auto de 5 de agosto de 2005 señaló remate en subasta pública de su bien inmueble, consignándolos erróneamente como ejecutados en el proceso ejecutivo seguido por MANACO S.A. contra Juan Rodríguez Michel sobre un ilegal avalúo parcial de $us454.385,75.-, a cuya consecuencia, mediante memorial de 12 de agosto de 2005, apersonándose al proceso en cuestión, interpusieron recurso de apelación contra el Auto de señalamiento de remate, solicitud que fue desestimada por el recurrido, alegando que no demostraron su condición de parte en dicho proceso y que tampoco intervinieron como terceristas, Resolución que resulta incorrecta, ya que la demanda ejecutiva nunca fue dirigida en contra suya; por lo que al disponer el remate de su bien inmueble se les impone una condena sin ser juzgados previamente y se desconoce que el art. 194 del CPC determina que la sentencia sólo comprende a las partes que intervienen en el proceso, lo que supone  que la Sentencia pronunciada contra Juan Rodríguez Michel sólo debe ejecutarse contra los bienes de su propiedad y no otros, conforme ha dispuesto la SC 136/2003-R, de 6 de febrero, que establece que para afectar los derechos del garante hipotecario éste debe ser oído y vencido en juicio legal, razonamiento que resultaba vinculante y que la autoridad recurrida desconoció. En consecuencia, en revisión de la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y constituyen un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.