SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0077/2006
Fecha: 19-Sep-2006
III.3. La presente problemática
Este recurso ha sido planteado por Carlos Diego Mesa Gisbert, en su condición de ex Presidente constitucional de la República, demandando la nulidad de la Resolución Camaral 080/2006-2007, de 1 de junio de 2006, por cuanto, a decir suyo, lesiona los derechos a la defensa, a ser juzgado por autoridad competente e imparcial y las garantías del debido proceso y de juicio de responsabilidades, pues encomienda a una Comisión de la Cámara de Diputados, la investigación de un presunto ilícito atribuido a su persona cuando se desempeñó como Presidente Constitucional del país, dejando de lado que, conforme disponen la Constitución Política del Estado, la Ley sobre juicio de responsabilidades y la Ley Orgánica del Ministerio Público, ésa es una atribución del Fiscal General de la República.
- recurso contra resoluciones legislativas, congresales o camarales
- a)
- b)
- c)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.3. Alegaciones de la autoridad recurrida
- el 1 de junio de 2006
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcance del recurso contra resoluciones congresales o camarales
- (…)
- a requerimiento del Fiscal General de la República,
- marca el cambio de rol del Congreso Nacional; dado que deja de ser un órgano acusador en los juicios penales seguidos contra los altos dignatarios de Estado, para convertirse en el órgano que sólo autoriza el juzgamiento de esas autoridades,
- Esta nueva estructura jurídica está orientada a garantizar la imparcialidad de los órganos que intervienen en el juicio, evitando que la acusación penal se encuentre en manos de un órgano eminente político
- privilegio constitucional
- delimitado las funciones del Ministerio Público, señalando que le corresponde dirigir la investigación de los delitos
- III.3. La presente problemática
- el debido proceso
- -Rol del Ministerio Público:
- la labor del Fiscal General,
- le corresponde al Fiscal General de la República representar al Estado y la sociedad en la sustanciación del juicio de responsabilidades, de un lado, sosteniendo la acusación formulada, lo que implica a su vez la producción y presentación de las pruebas de cargo que sustentan la acusación penal;
- la Declaración Constitucional trascrita
- el trámite investigativo desde el inicio hasta la conclusión debe estar revestido de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado,
- procesos especiales