SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0077/2006
Fecha: 19-Sep-2006
la Declaración Constitucional trascrita
En consecuencia, la Declaración Constitucional trascrita en las partes pertinentes para el caso de autos, ya dilucidó la problemática respecto a la función o labor del Fiscal General de la República en los juicios de responsabilidades, determinando claramente que le corresponde la investigación de las acusaciones que se presenten contra altos dignatarios de Estado, a lo que se arribó luego de efectuar una contrastación entre las normas legales y la Constitución Política del Estado, de modo que el criterio expresado en la Declaración antedicha se sustenta en el sistema de valores, principios, derechos y garantías que proclama nuestra Ley Fundamental y, por ende, debe ser aplicado en todos los casos.
- recurso contra resoluciones legislativas, congresales o camarales
- a)
- b)
- c)
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.3. Alegaciones de la autoridad recurrida
- el 1 de junio de 2006
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcance del recurso contra resoluciones congresales o camarales
- (…)
- a requerimiento del Fiscal General de la República,
- marca el cambio de rol del Congreso Nacional; dado que deja de ser un órgano acusador en los juicios penales seguidos contra los altos dignatarios de Estado, para convertirse en el órgano que sólo autoriza el juzgamiento de esas autoridades,
- Esta nueva estructura jurídica está orientada a garantizar la imparcialidad de los órganos que intervienen en el juicio, evitando que la acusación penal se encuentre en manos de un órgano eminente político
- privilegio constitucional
- delimitado las funciones del Ministerio Público, señalando que le corresponde dirigir la investigación de los delitos
- III.3. La presente problemática
- el debido proceso
- -Rol del Ministerio Público:
- la labor del Fiscal General,
- le corresponde al Fiscal General de la República representar al Estado y la sociedad en la sustanciación del juicio de responsabilidades, de un lado, sosteniendo la acusación formulada, lo que implica a su vez la producción y presentación de las pruebas de cargo que sustentan la acusación penal;
- la Declaración Constitucional trascrita
- el trámite investigativo desde el inicio hasta la conclusión debe estar revestido de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado,
- procesos especiales