SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0865/2006-R

Por memorial presentado el 8 de noviembre de 2005 (fs. 13 a 16) el recurrente señala que en su condición de propietario de un bien inmueble ubicado en la av. Tomás Barrón “No” 10 esquina Illanes, zona norte de la ciudad de Oruro, el que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, fue objeto de una multa económica por parte de la oficina de Regulación Urbana de la Alcaldía Municipal de Oruro, en virtud de que dicho bien inmueble fue modificado y adecuado de su plano original para el funcionamiento de una casa de lenocinio, sanción que aceptó por la infracción cometida, en cuya virtud, suscribió un acuerdo con el municipio en sentido de que se comprometía a realizar el saneamiento y regularización de dicha construcción a través de la elaboración de nuevos planos arquitectónicos y a las normas establecidas al efecto, dadas las características particulares de este tipo de negocios.

Señala que no obstante haber cumplido con todos los requisitos previstos por ley, que fueron avalados por el arquitecto Limberth Pérez, quien mediante informe técnico recomendó la aprobación de planos previa inspección, la que en efecto se realizó el 22 de septiembre de 2005, la Alcaldía Municipal de Oruro por intermedio de la Oficina de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se negó a aprobar los planos de regularización y legalización del inmueble de su propiedad, situación que lesiona su derecho al trabajo, por cuanto, dicho bien inmueble, acondicionado para el funcionamiento de un lenocinio, -para que lo trabaje o alquile- se constituye la única y exclusiva fuente laboral de ingresos que tiene, conforme consta del contrato de alquiler adjunto. Asimismo, dicha situación vulnera su derecho a la petición, toda vez que pese a que en la forma y tiempo previstos por ley solicitó la aprobación de planos, la oficina de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, no le respondió explicando el porqué de la negativa o tardanza. Finalmente también se lesionó su derecho a la propiedad, por cuanto si bien cuenta con el derecho propietario del bien inmueble señalado, no puede gozar ni disfrutar de él con la plenitud de sus beneficios, toda vez que no cuenta con la aprobación de planos de regularización para su funcionamiento a raíz, de la negligencia o capricho de las autoridades recurridas.