Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0634/2007-R
Fecha: 23-Jul-2007
II.5.
II.5. En la audiencia de medidas cautelares la recurrente presentó incidente de detención ilegal, que con carácter previo fue resuelto en la Resolución 387/2006 de 6 de septiembre, dictada por la Jueza recurrida señalando que uno de los ilícitos penales calificados por el representante del Ministerio Público sí contempla el mínimo de los dos años, “en ese sentido la adecuación del Art. 226 del Código de Procedimiento Penal es legal y aplicable para el representante del Ministerio Público” (sic) y respecto a que la imputada estuvo detenida por más de veinticuatro horas, tampoco es evidente, de lo que resulta que “la detención no es ilegal por el representante del Ministerio Público” (sic) (fs. 31 a 33).
- recurso de hábeas corpus
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- i)
- Fragmento 4
- a)
- improcedente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.10.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- En este caso, inobjetablemente deberá dictar una resolución debidamente fundamentada
- en los demás casos se debe cumplir, inexcusablemente, el procedimiento que para el efecto establece la norma adjetiva penal, ya sea citando previamente al imputado para que preste su declaración, como prevé el art. 224 del CPP, o emitiendo una resolución debidamente fundamentada, cuando se presenten los requisitos contenidos en el art. 226 del CPP
- III.2. Sobre la obligación del juez cautelar de pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la aprehensión
- b) si el delito imputado tiene una pena privativa de libertad cuyo mínimo legal es igual o superior a dos años
- III.3.1. De la aprehensión ilegal
- el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento
- a la autoridad recurrida, no le es posible observar ni corregir actuados judiciales que emanan de las instancias superiores
- debe plantear la tutela pretendida no sólo contra el juez de instrucción que las impuso; sino también contra los Vocales de la Corte Superior de Distrito, que conocieron en apelación su solicitud de medidas cautelares
- III.4.