En revisión la Resolución 51/2008 de 18 de septiembre, cursante de fs. 63 a 65 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, dentro del

El abogado de la parte recurrente, en audiencia ratificó y reiteró el contenido del memorial de hábeas corpus, cursante de fs. 5 a 6 vta. de obrados, aclarando expresamente lo siguiente: 1) A su defendido Leopoldo Fernández, se le pretende iniciar una investigación ante una autoridad originaria en la ciudad de La Paz, incompetente porque de acuerdo a las reglas de la competencia art. 49 del CPP, los hechos que se investigan se han suscitado en el departamento de Pando, siendo este Prefecto  y con domicilio registrado en dicho Departamento, por tanto, el juez ordinario cautelar al cual se pretende someterlo, es absolutamente incompetente para poder tramitar y sustanciar un proceso de esa naturaleza en contra de un Prefecto de Departamento que tiene el privilegio de ser sometido a juicio de responsabilidades; 2) El inicio de investigaciones para comenzar un juicio de responsabilidades, en el cual esta supuestamente involucrado Leopoldo Fernández, ha sido presentado ante  la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la que ha realizado el sorteo a una Sala para que actúe como Juez cautelar, razón por la cual, "…la mañana de hoy, el Sr. Leopoldo Fernández se ha presentado de forma espontánea ante el Fiscal General y ha hecho conocer a la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento al art. 223 del Código de Procedimiento Penal, para poder ser sometido a esa jurisdicción porque eso es lo que corresponde…"(sic) (resaltado nuestro).

1) Que en conocimiento de la autoridad jurisdiccional ordinaria, debe ser ésta quien ejerza el control de la investigación y determine la detención preventiva o la libertad del recurrente dentro del caso de investigación "No. 68/2008", al existir un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita conforme lo determina el art. 54.1 del CPP; 2) Tanto el arresto y confinamiento se produjeron después de haberse hecho público el Decreto Supremo de excepción 29705 y conforme se tiene en antecedentes, la orden de arresto se expidió bajo las facultades conferidas por el art. 112.4 de la CPEabrg; 3) Conforme se tiene de las diferentes Sentencias Constitucionales que modulan en lo referente al principio de subsidiaridad en el recurso de habeas corpus, la parte recurrente previamente debe agotar todos los medios de defensa que la ley le confiere, así se encuentran expresadas en las SSCC 0883/2007-R, 0452/2006-R, entre otras; y, 4) No resulta compatible acudir de manera simultánea a la justicia constitucional intentando activar la garantía establecida en el art. 18 de la CPEabrg, ignorando los canales normales establecidos.  

Lo descrito supra, a la luz de la problemática concreta, denota tres aspectos relevantes en relación al Estado de Sitio decretado: 1) De acuerdo a las categorías doctrinales descritas precedentemente, a través del DS 29705, se constituye una medida excepcional para resguardar el orden interno por conmoción interna; 2) Se establecen las medidas a ser cumplidas en este periodo excepcional; y 3) Se establece las autoridades encargadas de la ejecución de las citadas medidas y del resguardo del orden y seguridad en la jurisdicción del departamento de Pando.

El tercer aspecto señalado, en la especie, adquiere gran relevancia, toda vez que el ejercicio del control de constitucionalidad a través de las acciones tutelares, como el hábeas corpus, ahora acción de libertad, necesita como presupuesto esencial, la identificación de los responsables del cumplimiento de las directrices establecidas por los Decretos Supremos que determinen Estados de Sitio, identificación que en el caso concreto, la establece el propio DS 29705 en sus arts. 3 y 4, textualmente transcritos supra.  

1) Por DS 29705 de 12 de septiembre de 2008, se decreta Estado de Sitio en la jurisdicción territorial del departamento de Pando, encomendándose de forma expresa en el art. 4 el cumplimiento de dicho Decreto a las siguientes autoridades: i) A los Ministros de Gobierno y Defensa Nacional; ii)  Al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación; y, iii)   Al Comandante General de la Policía Nacional.