SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1499/2010-R

En ese sentido, la SC 1732/2004-R de 27 de octubre, expresó que: "…al Tribunal Constitucional simplemente le corresponde analizar los actos procesales en los cuales pudo haber existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione los derechos fundamentales de alguna de las partes, sin que pueda entrar a realizar valoraciones de fondo de la prueba o de los antecedentes producidos en la sustanciación del proceso judicial que dio lugar al amparo constitucional, ya que la valoración de la prueba y la definición del fondo del litigio corresponde a los órganos jurisdiccionales ordinarios, puesto que la función de este Tribunal es la de procurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales y no a un pronunciamiento de fondo de los hechos…" (las negrillas nos pertenecen).

En coherencia con lo antedicho, si bien esta jurisdicción no compulsa prueba por ser competencia privativa de los Tribunales ordinarios, estableció supuestos excepcionales en los que la jurisdicción constitucional puede revisar la labor de valoración de la prueba; sin embargo, ello solamente es factible cuando concurren dos presupuestos a saber: "…a) Exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) Cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales…" (SC 0965/2006-R de 2 de octubre); dicha facultad del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, conforme indicó la Sentencia referida: "…a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma".