SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1883/2010-R

El recurrente solicita la tutela del derecho de su representada a la “seguridad jurídica”, denunciando que fue vulnerado por las autoridades correcurridas, por que dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de cláusula penal, iniciada en su contra, culminó con la emisión de una sentencia que declaró probada la reconvención y la excepción perentoria presentada por su parte, declarando nulo el contrato que dio lugar a la demanda y dispuso que la demandante le restituya su bien inmueble, mientras que ella devuelva el monto adeudado hasta tercero día más intereses legales del 6% anual desde el día de incumplimiento y en ejecución de sentencia aprobó una planilla de liquidación en la que calculó el interés desde la fecha en que debía cumplirse el contrato declarado nulo; decisión de la que apeló, y los Vocales correcurridos, lejos de reparar el error, confirmaron el mismo con el argumento de que adquirió calidad de cosa juzgada y por lo tanto es irrevisable, inmutable y coercible. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.