SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2287/2010-R

De igual forma, examinada la Resolución 289/2007 de 16 de octubre, que confirmó el fallo del Tribunal Sumariante, se constata que en la misma se han expuesto los fundamentos de orden fáctico y legal que justifican tal determinación ya que: "…la exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el juez o tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia (…), es imprescindible que dichas resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esté permitido a un juez o tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…" ; en consecuencia, como el Tribunal de apelación garantizando el debido proceso emitió una resolución lo suficientemente fundamentada de la que se evidencia las razones y motivos por los cuales se asumió una decisión, corresponde denegar también respecto de este punto, la tutela pretendida.