SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2472/2010-R

La jurisprudencia constitucional, en reiterados pronunciamientos, dejó establecido que las acciones tutelares no constituyen instancias de casación, de revisión, valoración ni compulsa inextensa de los procesos judiciales o administrativos por cuanto la protección que estas brindan está restringida a la verificación de las actuaciones de los particulares, funcionarios judiciales y administrativos y su adecuación a las normas establecidas en la Norma Fundamental.

En ese entendido, el Tribunal Constitucional, estableció que: "La valoración de la prueba y la dilucidación del fondo del litigio corresponde a las instancias jurisdiccionales ordinarias, puesto que la función de este Tribunal es la de procurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, no un pronunciamiento de fondo sobre los hechos, este entendimiento se infiere de la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0025/2010-R de 13 de abril, la cual expresamente señala que: '…este Tribunal, en invariable y reiterada jurisprudencia, ha establecido que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para ingresar a valorar la prueba, dado que ésta compulsa corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, cuyos jueces y tribunales, conforme a la atribución que les confiere la Constitución de manera general; y las leyes de manera específica, deben examinar todo cuanto sea presentado durante el proceso y finalmente emitir un criterio con la independencia que esto amerita…'.