SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2686/2010-R

El recurrente, alega que la autoridad fiscal recurrida vulneró los derechos de sus representados a la “seguridad jurídica”, a la igualdad, al debido proceso y a la aplicación objetiva de la ley, puesto que como consecuencia de una querella interpuesta en su contra por la presunta comisión del delito de estelionato, el Fiscal Director funcional de la investigación presentó Resolución de sobreseimiento al no encontrar suficientes elementos de prueba para fundamentar su acusación; fallo contra el que, el querellante interpuso recurso de impugnación, siendo resuelto por el Fiscal de Distrito recurrido, quien revocó el sobreseimiento otorgando un plazo máximo de diez días para que se presente acusación formal contra sus representados, omitiendo compulsar adecuadamente las probanzas recolectadas, en total apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles. En consecuencia, en revisión de la Resolución dictada por el Tribunal de garantías, corresponde dilucidar si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos a los derechos fundamentales de los poderconferentes del accionante, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.