SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2772/2010-R

Acreditando la propiedad sobre el “ex fundo” denominado “La Purísima”, el recurrente alega que a momento de consolidar la transferencia de este inmueble a favor de Ignacio Salazar Tórrez, la Alcaldía de Cotoca le informó que sobre éste, se registraba también el derecho propietario de Víctor Castro Flores, quien lo habría comprado de María Eugenia Landívar de Pardo y ésta, a su vez, de “AMERINO” Becerra Banegas, por instrumento público 784/99. En base a esta inscripción ilícita, se instauró un proceso penal contra Víctor Castro Flores y María Eugenia Landívar “Aguilera”, que concluyó su etapa preparatoria, con la declaración de sobreseimiento a favor de los imputados, sin valorarse la prueba producida, en total ausencia de fundamentos jurídico y fácticos y dejando pendiente un estudio grafotécnico sobre el documento público 784/99. Luego de impugnar el referido sobreseimiento, éste fue ratificado por el Fiscal de Distrito correcurrido, a través de la Resolución de 18 de marzo de 2008, incurriendo en las mismas omisiones y lesionando sus derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde, dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.