SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2823/2010-R
Fecha: 10-Dic-2010
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
El abogado de los terceros interesados, Felipe Nery Fernández, señaló que, el Ministerio Público, al tener el monopolio de la acción penal, no se preocupó por observar el cumplimiento y respeto de las reglas del debido proceso, vulnerándose varios derechos y garantías a lo largo de la investigación. La imputación formulada contra su defendido es incongruente y se fundó en pruebas ilícitas, y no obstante ello los recurrentes iniciaron un proceso por prevaricato contra la Jueza recurrida.
Fidel Andrés Garnica Rodríguez y Orlando Araujo Becerra, mediante informe escrito cursante de fs. 139 a 140, señalaron que fueron imputados por el delito de cohecho propio, como emergencia de supuestas declaraciones obtenidas de los policías Juan Callizaya Castro, Vidolfo Chávez Alanaco y Eugenio Mamani Flores, quienes fueron objeto de vejámenes, torturas y malos tratos, con la finalidad de que entreguen el dinero sustraído, por ello, se evidencia la importancia del informe de inicio de investigación, que fundó la nulidad dispuesta por la Jueza cautelar. La denuncia inicial en su contra fue por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, primero, contra Luis Alberto Suarez Gil y curiosamente se lo habría imputado a él sin que exista conexitud con el caso investigado, por ello señala que sus derechos estaban siendo flagrantemente vulnerados por lo que la Resolución de la Jueza recurrida no restringió derecho alguno de los recurrentes y, más al contrario, reencaminó el proceso a las reglas del derecho. Por otro lado, el recurso de amparo constitucional se dirigió erróneamente contra la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal, siendo que el caso radicaba en el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, existiendo falta de legitimación pasiva, además que los fundamentos constitucionales han sido modificados al encontrarse vigente la nueva Constitución Política del Estado, por lo que al no estar vigentes los derechos acusados debe declarase la improcedencia del recurso.
- recurso de
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- 1)
- I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- a)
- I.2.3. Intervención de los terceros interesados
- concedió
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- III.2. Armonización de términos procesales
- III.3. La actividad procesal defectuosa y los efectos en cuanto a la existencia de defectos absolutos y relativos
- permite la corrección de los actos procesales erróneos subsanando, renovando o rectificando, lo que importa un reconocimiento de la existencia de las actuaciones procesales, los que al tener defectos subsanables pueden ser corregidos;
- , salvo que el defecto pueda ser subsanado o convalidado
- no se puede decretar la nulidad, sino sólo cuando hay un defecto que por haber causado una afectación a un derecho o garantía es absoluto; es decir, la nulidad no deriva sólo del quebrantamiento de la forma, pues es necesario que ese quebrantamiento haya afectado los derechos de alguna de las partes y que ésta haya demostrado el agravio para poder solicitar la anulación del acto defectuoso.
- III.4. El deber de motivación de las decisiones judiciales
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”
- i)
- III.5.1. Sobre el defecto procesal de no haberse informado oportunamente al Juez del inicio de las investigaciones
- III.5.2. Sobre el defecto procesal de no haberse efectuado informe sobre la ampliación del plazo de la investigación
- III.5.3. Sobre la falta de comunicación a la autoridad judicial de la interposición de la querella
- III.5.4. Sobre las ampliaciones de imputación y conexitud de causas
- APROBAR