SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0322/2010-R

En la presente problemática, los accionantes alegan la inexistencia de Resolución fundamentada de aprehensión, así como de la notificación personal con la imputación formal, la querella y la ampliación de la misma; además, la querella no cumple con lo establecido por el art. 290 del CPP; señalan también que, existió una ilegal declaratoria de rebeldía, porque la representación que fue considerada, es realizada por un policía y no por un funcionario judicial; pese a las ilegales publicaciones, se admitió como válida la acusación fiscal de 5 de mayo de 2003; irregularidades que fueron denunciadas ante el Tribunal de Sentencia de Achacachi como defectos absolutos; sin embargo, dicho Tribunal emitió, la Resolución 105/06, declarando improbados los mismos y fueron confirmados en apelación. 

En este sentido, en el caso analizado, se evidencia la inconcurrencia de los presupuestos establecidos por las SSCC 1865/2004-R y 0619/2005-R, toda vez que, los actos supuestamente lesivos denunciados y especificados anteriormente, no se encuentran vinculados con la libertad como causa directa para su restricción o supresión, y tampoco quedaron en indefensión, ya que se constató que los accionantes tuvieron pleno conocimiento de la tramitación del proceso, apersonándose, solicitando la realización de algunos actuados; interponiendo inclusive incidentes y apelaciones; en este sentido, estos presupuestos que deben concurrir simultáneamente, se encuentran ausentes en la presente problemática; y los atentados a las reglas del debido proceso en los cuales no exista una directa relación causa-efecto entre el acto considerado lesivo y el derecho a la libertad suprimido o restringido, están llamados a ser resguardados por la acción de amparo constitucional, siguiendo sus propios requisitos procesales de validez; además, no existe ninguna constancia en el cuaderno procesal que permita concluir y sustentar que la libertad de locomoción de las autoridades demandadas se encuentre amenazada, o suprimida por las irregularidades alegadas; consecuentemente, estos hechos no pueden ser analizados mediante la acción de libertad.