SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0613/2010-R

Al respecto, la jurisprudencia constitucional emitida en cuanto al alcance que brinda esta acción tutelar respecto al procesamiento indebido -que es aplicable de conformidad al art. 4.II de la Ley 003, al no ser contraria en lo pertinente, al actual orden constitucional-, estableció que: "… para que se abra el ámbito de protección que brinda este recurso en cuanto al procesamiento ilegal o indebido, necesariamente el acto considerado ilegal debe tener como consecuencia el desconocimiento de la garantía del debido proceso, el mismo que da origen o causa la supresión o restricción de la libertad física o derecho de locomoción, o, lo que es lo mismo, es imprescindible que exista supresión o amenaza de restricción al derecho a la libertad, para que el acto considerado de ilegal sea objeto de análisis a través de este recurso cuando se alega procesamiento indebido; caso contrario, las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por ley, o en su caso, a través del amparo constitucional" (SC 1027/2004-R de 6 de julio); dado que: “…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad” SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, reiterada por las SSCC 0050/2010-R, 0115/2010-R, entre otras).

Dentro de ese marco, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, definió los supuestos en los que procede esta acción ante un eventual procesamiento ilegal o indebido, señalando que deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos, consistentes en que: “…a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, debe estar vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".

Este Tribunal en relación al procesamiento indebido y su tutela a través de la acción de libertad, en la SC 0030/2010-R de 13 de abril, determinó: “En lo que respecta al procesamiento indebido como causal de procedencia de esta acción tutelar, se debe tener en cuenta que si bien el debido proceso es una garantía jurisdiccional tal cual lo establece el art. 115.II concordante con el art. 117.I de la CPE, es exigible su tutela a través de esta acción de defensa en los casos en que el procesamiento indebido es la causa directa de la supresión o restricción al derecho a la libertad física y que inclusive podría hacer peligrar la vida del agraviado, de tal manera que en los demás casos, la persona puede acudir a otro medio de defensa idóneo que el orden constitucional pone a disposición de los ciudadanos como ser la acción de amparo constitucional siempre y cuando previamente haya agotado los medios o recursos que el orden legal prevé”.

Comprensión reiterada por las SSCC 0102/2010-R y 0191/2010-R, entre otras, en las que se ha expresado “…la protección que brinda la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus- en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción; en los demás casos, las lesiones al debido proceso deben ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del amparo constitucional, como medio idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones invocadas, se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, hoy acción de libertad y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso, por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través de la acción de libertad, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional…”.

Por otra parte, cabe aclarar que, en el caso de evidenciarse que el accionante hubiera cumplido con los dos presupuestos imprescindibles para que proceda esta acción tutelar por procesamiento ilegal o indebido, que como se refirió son absoluto estado de indefensión y que el acto lesivo, esté vinculado con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; también se entiende que cuando en la demanda alegue que a consecuencia del procesamiento indebido, al que fue sometido, ha sido privado de libertad, pidiendo por ende se restituya la misma, deberá presentar su acción en el momento en que efectivamente esté privado de libertad, como ha determinado la SC 0451/2010-R de 28 de junio, la que reconduciendo la línea asumida por la SC 1489/2003-R de 20 de octubre, expresó que: “…la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia  de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que ‘se restituya su derecho a la libertad’, ya no tendría sentido si está en libertad.

Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.

Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria”.

Situación que deberá ser cumplida por el accionante, para que de esa forma, inicialmente el juez o tribunal de garantías y luego el Tribunal Constitucional, puedan ingresar a analizar el fondo de la problemática denunciada; ya que si esta acción tutelar fuera interpuesta, una vez cesada la privación de libertad, conforme a la SC 0451/2010-R, el petitorio de que se restituya el derecho a la libertad, ya no tendría sentido.