SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0625/2010-R

El recurrente, solicita tutela de los derechos de su mandante a la “seguridad jurídica” y al debido proceso que aduce vulnerados por el recurrido, al disponer la incautación de un vehículo de su propiedad dentro de un operativo de interdicción al narcotráfico, afirmando que él no es parte de los imputados, y pese a los constantes y reiterados reclamos tanto al Fiscal como al Juez recurrido para que mediante control jurisdiccional disponga la devolución del bien incautado en calidad de depositario, no se dio curso a su solicitud, arguyendo falta de personería, que el derecho propietario no se encontraba plenamente acreditado, y que la determinación y solicitud de incautación correspondían al Ministerio Público y no a la autoridad jurisdiccional. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado del recurrente, a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.