SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0690/2010-R

De lo expuesto se colige que las autoridades demandadas a través del Auto Supremo 355-E de 31 de agosto de 2006, dispusieron no haber lugar a la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo impetrada por el accionante, realizando consideraciones generales como el que no consta en obrados actos procesales dilatorios imputables a las autoridades jurisdiccionales  que conocen el proceso, ni al representante del Estado y de la sociedad, sin referirse a los puntos específicos demandados por el accionante en su memorial de 8 de septiembre de 2008. Asimismo, el Auto Supremo 355-E, señala que dentro del proceso en cuestión se encuentran actos dilatorios atribuibles al imputado, como el planteamiento de la cuestión previa de falta de materia justiciable, rechazada; recurso de apelación contra el Auto Final de la Instrucción que ordena el procesamiento del imputado, recurso de apelación incidental contra el Auto que rechazó la cuestión previa de falta de tipicidad y cuestión prejudicial rechazada; sin embargo, de individualizar estos recursos procesales, no fundamenta en que forma los mismos, contribuyeron  a la dilación del proceso, el que hasta la fecha de presentación del amparo, tuvo una duración de más de siete años, proceso en el que además, el accionante fue condenado a una pena de dos años y cinco meses de reclusión, por el delito de apropiación indebida.

Consecuentemente, resulta insuficiente la fundamentación contenida en el Auto Supremo 355; es decir, no cumple con las exigencias establecidas en la jurisprudencia citada precedentemente, al no haberse considerado los puntos  expuestos por el accionante como motivo de la dilación y al limitarse a señalar los recursos presentados por el accionante, sin fundamentar como estos fueron la causa de la dilación atribuible al ahora accionante, a objeto de tener como resultado cierto y correcto si la dilación fue atribuible al órgano judicial, al Ministerio Público o al accionante, vulnerando con ello el derecho a la defensa como instituto integrante de las garantías del debido proceso, consagrado ahora por el art. 119.II de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), así como el  debido proceso, reconocido por los arts. 115.II y 117.I de la CPE, en su vertiente de motivación de las decisiones judiciales, en la expectativa del justiciable de conocer incuestionablemente los motivos razonables y legales que llevaron a asumir la determinación que ahora cuestiona, por lo que corresponde otorgar la tutela solicitada.