SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0783/2010-R

La acción de libertad establecida en el art. 125 de la CPE, al igual que el recurso de hábeas corpus del anterior sistema en cuya vigencia se interpuso el presente recurso, ha sido instituida como un mecanismo extraordinario para preservar el derecho a la libertad física prevista por el art. 23.I de la CPE, ampliando además su protección al derecho a la vida, a diferencia del art. 18 de la CPEabrg. Sin embargo, sólo es posible presentar esta acción, cuando dicha garantía esté directamente vinculada con el derecho a la libertad y exista absoluto estado de indefensión, conforme a la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, que expresó: "…se concluye que en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad".

Complementando la línea jurisprudencial referida, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, precisó que: "…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".