SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0843/2010-R

Las autoridades recurridas, Rodolfo Mérida Rendón, José Luis Dabdoub López, Guido Chávez Méndez, a través de sus apoderados presentaron informe escrito cursante de fs. 122 a 124 vta., en el que señalaron lo siguiente: a) La recurrente, dejó precluir su facultad legal de impugnar la Resolución de apertura de proceso de 16 de diciembre de 2006, dando por válida la supuesta incorrecta calificación legal de su conducta, propiciando una serie de actuaciones dentro del proceso disciplinario; y b) El art. 37 de la LCJ, si bien no constituye una falta disciplinaria, es un recordatorio de la responsabilidad por la función pública, en tanto se interfiera con la actividad judicial, en concordancia con el art. 81 del Reglamento Específico de Administración de Personal, que establecen las obligaciones del personal del Poder Judicial.

Para que se produzca una relación jurídica procesal válida en cualquier proceso y más aún, dentro de una acción de amparo constitucional, no basta la interposición de la acción, deben estar presentes en él, los denominados presupuestos procesales, unos de orden formal y otros de fondo: Los presupuestos procesales de forma son: a) La forma propiamente dicha de la demanda; b) La capacidad procesal de las partes; y, c) La competencia del juez; y los presupuestos procesales de fondo o materiales, son: 1) La existencia del derecho que tutela la pretensión procesal; y, 2) La legitimidad para obrar. Los presupuestos procesales de forma al igual que los considerados de fondo, son ineludibles al momento de la interposición de cualquier acción legal, para que se genere una relación jurídica procesal válida.

La SC 0059/2004-R de 14 de enero, señala que: “…cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella…”. Precisando lo señalado, la SC 0711/2005-R de 28 de junio, determinó que para que sea viable el recurso de amparo, ahora acción de amparo constitucional, cuando es planteado contra decisiones pronunciadas por tribunales u órganos colegiados, públicos o particulares, sea como emergencia de procesos, o de cualesquier tipo de decisiones o actos “…es de inexcusable cumplimiento que esta acción tutelar esté dirigida contra todos los miembros que asumieron dichas decisiones y, por lo mismo, se constituyan en agraviantes de los supuestos actos lesivos denunciados; sin que el señalamiento del sujeto pasivo de la tutela resulte de la libre elección del actor, el que necesariamente debe estar determinado por los hechos que le sirven de causa a su acción, debiendo preguntarse, en cada caso, quienes son los que asumieron efectivamente la decisión lesiva a sus derechos…“ .