SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0913/2010-R

La recurrente alega que las autoridades recurridas vulneraron sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, puesto que dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de los delitos de falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, el Fiscal recurrido admitió la querella y la subsanación efectuada por la parte querellante, sin que tenga atribución para ello, sin notificar a los imputados con la presentación de una nueva querella y sin que exista resolución que deje sin efecto la anterior o que se la tenga por no presentada, además de ratificar la prueba ofrecida por el querellante y darla por subsanada. El Juez recurrido, una vez presentada la acusación, sin que previamente se la notifique con la nueva querella, decretó que se proceda al sorteo, lo que se cumplió de inmediato, por lo que presentó objeción a la admisión de la querella, que no fue considerada por la autoridad judicial quien decretó que había perdido competencia en virtud del sorteo efectuado de la causa, por lo que interpuso recurso de reposición contra el citado decreto, que fue declarado “no ha lugar” por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal del Distrito Judicial de Chuquisaca, en suplencia legal, quien resolvió mantener incólume el decreto impugnado. En consecuencia, corresponde dilucidar, en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.