SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0931/2010-R

El recurrente, alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la remuneración justa, a la “seguridad jurídica”, a la presunción de inocencia y al trabajo, además, hace referencia a la usurpación de funciones, sancionada con nulidad prevista en el art. 31 de la CPEabrg, manifestando que dentro del proceso administrativo interno, mediante el cual le impusieron una sanción de treinta días de suspensión sin goce de haber y se recomendó la remoción en su cargo, sin considerar que la normativa de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, es de aplicación preferente al Reglamento Interno de la institución, que no participó en la supuesta alteración de los precios de las cotizaciones y que la funcionaria recurrida, instauró el proceso y resolvió el recurso jerárquico sin facultad para hacerlo. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.