SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0994/2010-R

De los antecedentes procesales, se constata que el accionante denuncia por una parte, que su representado fue privado de su libertad sin que se guarden las formalidades de ley; toda vez que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en mérito a una denuncia particular por el delito de asesinato perpetrado contra Santos Francisco Sansuste Jiménez, fue allanado su domicilio, con un mandamiento cuyo contenido estaba destinado a otra persona y ordenado para otra residencia; así como también fue aprehendido sin que haya sido citado previamente, sin que exista denuncia en su contra y la carencia de fundamentación de la imputación formal; y por otra que, denunciadas que fueron dichas ilegalidades ante el Juez cautelar, merecieron un pronunciamiento extemporáneo; pues correspondía prima facie pronunciarse sobre lo demandado para luego recién aplicar medidas sustitutivas.

Con relación a la aprehensión ilegal denunciada, la jurisprudencia constitucional estableció que en los casos en que las personas acusadas o contra las cuales se inicia una investigación penal y que son objeto de vulneraciones de sus derechos y garantías constitucionales así como de aprehensiones o detenciones ilegales e indebidas, el Código de Procedimiento Penal, creó medios o recursos legales prontos y eficaces a los que el imputado puede acudir en defensa de sus derechos durante la fase de investigación o la etapa preparatoria que se inicia con la denuncia, querella o noticia fehaciente que reciben las autoridades llamadas por ley (Policía-Fiscalía), sobre la comisión de un delito. Es así que, el citado “Código de Procedimiento Penal, estableció la figura del juez cautelar como encargado del control de la investigación, autoridad a la que debe recurrir todo imputado cuando considere que durante el desarrollo de la investigación se lesionaron sus derechos y/o garantías constitucionales por parte de la Fiscalía o Policía Nacional, como se indicó, ya que conforme al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), estas instituciones actúan siempre bajo control jurisdiccional” (SC 0732/2006-R de 26 de julio).