SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1005/2010-R

Precisando aún más la norma constitucional y la señalada en la ley especial,  la jurisprudencia establecida por este Tribunal, ha determinado reglas y subreglas de aplicación general que han sido plasmadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, al puntualizar que no procederá el amparo constitucional, ahora acción, cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa no ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó los recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución“ (el resaltado es nuestro).

Por otra parte, cabe señalar que la referida disposición constitucional -art. 126 de la CPE- dispone que dicha acción se interpondrá por la persona que se crea afectada; es decir, que necesariamente la demanda debe guardar coincidencia entre quien reclama la acción y el presunto hecho ilegal lesivo a sus derechos. Así, la SC 1261/2001-R de 28 de noviembre, entre muchas otras, definió la  legitimación activa en el amparo constitucional, ahora acción como: "(…) una relación directa entre el recurrente y el derecho que se invoca como violado, en función del interés personal que tiene quien pide el amparo…".